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La legislación argentina protege al deudor para que suspenda los pagos a sus acreedores  mientras elabora un plan de saneamiento de sus finanzas y replantea la estrategia total de su negocio.

El proceso judicial más utilizado es el concurso preventivo, al que también la voz popular suele denominar “convocatoria de acreedores”.

Cuando el resultado de esta gestión es exitoso se traduce en una significativa reducción del pasivo total de la empresa, en un alargamiento de los plazos de pago originalmente pactados y frecuentemente en una combinación de estos dos efectos, a los que pueden sumarse otras alternativas particularmente beneficiosas para que el deudor supere sus problemas.

Desde el diagnóstico preliminar de la situación de crisis hasta la propuesta colectiva de solución, que resulta en un acuerdo con el universo de acreedores, se combinan de manera estratégica una serie de elementos económicos y legales.

Cabe destacar que la ley argentina es por demás permisiva a los fines de facilitar que el deudor acceda a este tipo de soluciones al amparo de poder judicial.

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